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Freddy Superlano

Fecha de publicacion:

2023

Tipo de documento:

Propuesta política y plan de gobierno

Numero de paginas:

129

Plan 2024

Desarrollo Sostenible, Política, Economía, Social, Ambiental.

El Plan 2024 es una propuesta de gobierno integral para Venezuela enfocada en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), utilizando un enfoque federal y regional. Incluye medidas urgentes y principios de reformas estructurales para un cambio político y económico en el país, destacando la inclusión del “Programa Vale Familia”, un esquema de transferencias directas no condicionales. Este plan busca una reconexión de Venezuela con el mundo, fortalecimiento de la democracia, derechos humanos y mejoras en varios sectores incluyendo salud, educación y energía.

Desarrollo Sostenible, Venezuela, Programa Vale Familia, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Reformas Estructurales, Cambio Político y Económico.

El proceso de construcción del “Plan 2024” se llevó a cabo entre marzo y agosto de 2023, basándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y enfocándose en un enfoque federal y regional. Este proceso participativo involucró a expertos, representantes de la sociedad civil, académicos, líderes comunitarios y funcionarios públicos, quienes contribuyeron a la formación de propuestas en mesas de trabajo temáticas y regionales.

 

Estructura y Metodología: Se estableció un equipo de planificación en marzo de 2023 para diseñar la estructura y metodología del proceso. Los ODS fueron el marco principal, y se integraron mesas de trabajo temáticas y regionales para abordar problemáticas específicas.

 

Mesas de Trabajo Temáticas y Especiales: Se crearon mesas de trabajo para cada ODS y para temas transversales como el acceso a servicios básicos, la igualdad de género y la gestión del cambio climático.

 

Reuniones y Grupos de Discusión: Se realizaron reuniones periódicas y grupos de discusión para debatir propuestas y definir estrategias concretas.

 

Síntesis y Documentación: Se consolidaron documentos de síntesis de las discusiones y propuestas para la elaboración del plan de gobierno final.


Elaboración del Plan de Gobierno: A finales de agosto de 2023, se integraron todas las propuestas en un plan coherente y completo que reflejó el compromiso con los ODS y las necesidades específicas de cada región.

El “Plan 2024” aborda la crítica situación de pobreza en Venezuela, destacando que más del 53% de la población vive en pobreza extrema. Propone implementar el “Programa Vale Familia”, que transferirá $100 mensuales a los hogares más pobres y $50 a los siguientes más vulnerables, beneficiando al 81.5% de los hogares venezolanos. Este programa busca mejorar el acceso a servicios básicos y aliviar la pobreza mediante transferencias monetarias directas, reemplazando sistemas actuales como el CLAP y los bonos gubernamentales.

El plan propone estrategias para garantizar el acceso a alimentos nutritivos y suficientes para todos, especialmente para los pobres y vulnerables. Para lograrlo, se plantean acciones a corto y mediano plazo, como establecer alianzas estratégicas con el sector agroalimentario, apoyar a los productores agrícolas con financiamiento y capacitación, y fortalecer programas de seguridad alimentaria, como comedores escolares y comunitarios. Además, se busca mejorar la infraestructura logística y desarrollar prácticas de agricultura sostenible para aumentar la producción y la eficiencia alimentaria. Estas acciones se complementan con iniciativas para educar y concienciar sobre la nutrición adecuada y el uso sostenible de los recursos naturales, con un enfoque en la diversificación de cultivos y la producción de alimentos de ciclo corto.

Se propone avanzar hacia un modelo de medicina preventiva, reforzar la educación sanitaria, y consolidar un órgano nacional para la planificación y gestión del sistema de salud. Se sugieren acciones como la creación de un sistema de información de salud integral, implementación de programas de protección para sectores vulnerables, y la reestructuración del sistema de salud para mejorar su eficiencia y accesibilidad. Además, se plantea la inversión en infraestructura sanitaria, como la recuperación de hospitales y camas hospitalarias, y la colaboración con organizaciones internacionales para fortalecer la respuesta a la crisis humanitaria.

El Plan 2024 aborda la crisis educativa en Venezuela con un enfoque integral, reconociendo los desafíos clave: más de 6.5 millones de niños y jóvenes están inscritos en la escuela, pero 2.9 millones están completamente excluidos del sistema educativo. Se propone una transición del modelo de Estado Docente a la Sociedad Educadora, donde el Estado, la familia y la sociedad comparten la responsabilidad del sistema educativo, fomentando un enfoque más inclusivo y participativo. Se busca asegurar que para 2030, todos los venezolanos entre 0 y 18 años se integren y completen los niveles educativos obligatorios en un sistema público de calidad. Para lograrlo, se implementarán acciones a corto y mediano plazo, como la resolución de conflictos laborales en el sector educativo, la puesta en marcha de un Programa Nacional para la Emergencia Educativa, la reconfiguración del Programa de Alimentación Escolar y la consolidación del Sistema Nacional de Asesoramiento en cada unidad educativa. Además, se enfocarán en la actualización de políticas de formación de educadores, la reformulación de planes curriculares y la creación de institutos para la gestión de la calidad educativa, junto con el fortalecimiento de la infraestructura física escolar y la promoción de la autonomía plena de las universidades venezolanas.

El plan enfatiza la importancia de la igualdad de género como un derecho humano fundamental y un indicador esencial del desarrollo de una sociedad. Propone medidas para promover la igualdad de género y la no discriminación en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la implementación de políticas y regulaciones, así como programas educativos y de capacitación para fomentar la conciencia y la tolerancia.

El plan reconoce que el deficiente abastecimiento de agua afecta la salud pública, la educación, el trabajo y el presupuesto familiar, agravando desigualdades y pobreza. La situación actual se atribuye a la mala gestión del sector, la desinversión en toda la cadena de valor del agua y saneamiento, y la falta de mantenimiento preventivo y avance tecnológico. A pesar del acceso de la mayoría de la población a redes de tuberías, más del 75% carece de servicio constante y de calidad.

La propuesta incluye acciones a corto y mediano plazo para garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable segura, mejorar la calidad del agua, aumentar la eficiencia en su uso y garantizar la disponibilidad de agua dulce. Se enfoca en la recuperación de infraestructura, gestión integrada de recursos hídricos, y desarrollo de sistemas tarifarios. Además, se propone la construcción de centros tecnológicos del agua y la reestructuración de empresas prestadoras del servicio. El plan busca garantizar 50 litros de agua por habitante por día en el primer año de gobierno y 200 litros antes del quinto año, con un enfoque en la sostenibilidad y la participación ciudadana.

Se destaca la importancia de la energía en la sociedad y cómo la tecnología y la disponibilidad energética se han vuelto indispensables, especialmente en el contexto de un crecimiento poblacional global. La tendencia al agotamiento de las reservas de petróleo y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad energética global son resaltadas. El plan aborda la necesidad de prepararse para las consecuencias del cambio climático y adaptarse a los patrones energéticos internacionales. Se reconoce que Venezuela, con sus extensas reservas de petróleo y gas natural, ha enfrentado una disminución de la producción petrolera debido a la corrupción, la falta de inversión y mantenimiento​​.

 

Se propone reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para permitir la participación del sector privado, atraer inversiones para reactivar la industria petrolera, diversificar inversiones, y explorar tecnologías para la explotación de petróleo y gas no convencionales. También se propone modificar el marco legal para fomentar la inversión en energías renovables, crear incentivos fiscales y financieros, y establecer centros de desarrollo tecnológico. Adicionalmente, se busca duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética e implementar programas educativos y de concienciación. Por último, se busca promover el desarrollo de tecnologías energéticas limpias y avanzadas, incentivar la investigación y desarrollo, y garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles y modernos mediante la electrificación rural y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica​​.

 

El plan “Venezuela Energética” se centra en maximizar la producción petrolera para aprovechar el potencial de las reservas de petróleo del país y enfrentar la disminución global de este recurso. Se reconoce la necesidad de atraer inversiones y de realizar una transición hacia energías renovables, considerando el impacto global del cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero​​.

El plan propone acciones para fomentar el crecimiento económico, el empleo digno y la inclusión laboral, con un enfoque en la reactivación de sectores estratégicos y la promoción de nuevas oportunidades de trabajo.

 

  • Revitalización del Mercado Laboral y Económico: El plan reconoce la necesidad de crear empleos dignos y de calidad para combatir la desocupación y la informalidad laboral. Se enfoca en la reactivación de sectores estratégicos como el agrícola, industrial y turístico, y promueve la inversión en infraestructura y tecnología para impulsar el crecimiento económico.
  • Inclusión Laboral y Apoyo a Emprendedores: Se propone el fomento de la inclusión laboral, especialmente para jóvenes, mujeres y grupos vulnerables. El plan incluye medidas para apoyar a los emprendedores y pequeñas empresas, a través de facilidades crediticias y programas de capacitación y asesoramiento.
  • Acciones Estratégicas: Entre las acciones específicas, se destacan la creación de un marco regulatorio favorable para el empleo y la inversión, la implementación de políticas de formación profesional acordes a las necesidades del mercado, y la promoción de la innovación y la tecnología como motores de desarrollo económico y creación de empleo.

Reconociendo la complejidad de la situación actual, marcada por la crisis económica, política y una infraestructura deteriorada, el plan propone una serie de acciones estratégicas. Se destaca la importancia de combatir la corrupción para fomentar la inversión y el desarrollo sostenible. Las acciones a corto y mediano plazo incluyen la identificación de prioridades de infraestructura, el establecimiento de programas de mantenimiento y alianzas público-privadas para financiar proyectos. La meta es desarrollar infraestructuras sostenibles y resilientes, promover una industrialización inclusiva y sostenible, y aumentar el acceso a servicios financieros para pequeñas industrias. Además, se busca modernizar la infraestructura y la industria para que sean sostenibles y eficientes, fomentando la adopción de tecnologías limpias y procesos industriales ambientalmente racionales.

 

En particular, se propone una revitalización integral del sistema eléctrico, con una inversión total de 4836 millones de dólares, y la modernización del transporte y la vialidad, incluyendo la recuperación de autobuses, el reforzamiento del Metro de Caracas, la restauración de infraestructura vial y la modernización de aeropuertos y puertos. Este enfoque integral busca no solo mejorar la infraestructura física, sino también impulsar la innovación y fortalecer la capacidad tecnológica de los sectores industriales, especialmente en los países en desarrollo. El plan reconoce la necesidad de facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes, con un enfoque en la colaboración público-privada para asegurar una implementación efectiva y eficiente.

El “Plan 2024” se enfoca en abordar las múltiples y complejas desigualdades en Venezuela, que van desde desequilibrios regionales hasta discriminación étnica, racial y de género. El plan reconoce la necesidad de un enfoque holístico para atender las necesidades de personas con discapacidad, la comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas, adultos mayores, y niños y jóvenes, considerando sus distintas vulnerabilidades y desafíos específicos. Propone acciones que incluyen mejorar el acceso a servicios básicos, fomentar la inclusión social y económica, y garantizar la igualdad de oportunidades. Además, se plantea el fortalecimiento de las pensiones, la promoción de empleo para personas mayores, y la inclusión activa de la diáspora venezolana en el desarrollo nacional. El plan también contempla medidas específicas para apoyar el retorno y desarrollo de la diáspora venezolana, así como para atender a aquellos que decidan permanecer en sus países de acogida, asegurando su participación en la vida nacional y el fortalecimiento de la representación consular para ofrecer servicios más eficientes y accesibles.

 

Se abordan los desafíos urbanos y rurales de Venezuela en el contexto del ODS 11, destacando problemas como la inseguridad de la tenencia de la vivienda, riesgos ambientales, y falta de seguridad personal, especialmente en áreas urbanas como Caracas. La falta de servicios básicos y una infraestructura vial deficiente son también preocupaciones clave. En áreas rurales, el plan identifica problemas de acceso a servicios esenciales y una infraestructura inadecuada, exacerbados por prácticas agrícolas no sostenibles y el cambio climático. Para contrarrestar estos desafíos, el plan propone una serie de acciones enfocadas en la legalización de la tenencia de tierras, mejora de la infraestructura básica, desarrollo de vivienda social, y fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos. Se prioriza la participación ciudadana en la planificación urbana y se promueve la resiliencia ambiental y la inclusión social.

 

El plan también enfatiza la importancia de una planificación urbana inclusiva y sostenible que aborde múltiples factores, desde la seguridad en la tenencia hasta la resiliencia ambiental y la inclusión social. Para las comunidades rurales, se propone mejorar el acceso a servicios básicos y promover la sostenibilidad ambiental. Las estrategias propuestas incluyen la legalización de la tenencia de tierras, mejoras en la infraestructura básica, desarrollo de programas de vivienda social, y la implementación de políticas de gestión de residuos sólidos. Además, el plan busca fortalecer la planificación del desarrollo regional y nacional, fomentar el desarrollo de economías locales, y mejorar la calidad y disponibilidad de servicios públicos en las ciudades venezolanas.

En el contexto venezolano, estos ODS presentan desafíos complejos debido a la crisis económica y política que ha llevado a una explotación insostenible de recursos naturales y un aumento en las emisiones de carbono. La deforestación y la minería ilegal, especialmente en la región del Arco Minero, son problemas críticos que han causado una pérdida significativa de biodiversidad y han deteriorado la calidad de vida de las comunidades indígenas y locales.

 

Para abordar estos desafíos, el plan propone una serie de acciones a corto y mediano plazo. Para el ODS 13, estas acciones incluyen la implementación de un sistema de alerta temprana para desastres naturales, la construcción de infraestructuras resilientes y la creación de un fondo nacional para la adaptación al cambio climático. En cuanto al ODS 14, se enfoca en la reducción de la contaminación marina, la regulación eficaz de la explotación pesquera y la conservación de zonas costeras y marinas. Para el ODS 15, se propone la conservación de ecosistemas terrestres, la promoción de la gestión sostenible de bosques y la lucha contra la desertificación. Estas iniciativas buscan no solo proteger y conservar el medio ambiente, sino también mejorar la calidad de vida de las comunidades dependientes de estos recursos naturales, promoviendo un desarrollo sostenible y responsable en Venezuela.

El Plan señala que este régimen ha debilitado la autonomía de los Poderes Públicos, erosionado el Estado de Derecho, y generado inseguridad jurídica y una crisis humanitaria. La represión política, censura de prensa, corrupción, y economías ilícitas son aspectos clave de esta problemática. En respuesta, el plan propone una democratización exhaustiva, restableciendo la independencia de los Poderes Públicos, reformando el ordenamiento jurídico, y asegurando la seguridad jurídica. También enfatiza la importancia de combatir la corrupción y las economías ilícitas mediante estrategias eficaces y la recuperación de activos desviados.

 

Para abordar los problemas de seguridad ciudadana, violencia y corrupción, el plan propone acciones a corto y mediano plazo. Estas incluyen programas de prevención y atención en zonas de alta incidencia de violencia, fortalecimiento del sistema de justicia penal, cooperación internacional para combatir la violencia transfronteriza, y estrategias de reinserción social para exconvictos. En términos de lucha contra la corrupción, se plantea establecer sistemas de transparencia y rendición de cuentas, reformar las leyes anticorrupción, fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, y desarrollar campañas de concientización y prevención. La propuesta también abarca la reforma del sistema penitenciario y la implementación de reformas estructurales para garantizar la protección de los derechos humanos y la integridad del proceso judicial, así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

El plan destaca la necesidad de establecer alianzas nacionales e internacionales para el desarrollo sostenible. Se enfoca en mejorar la cooperación y la participación de Venezuela en el ámbito global, fortaleciendo la presencia diplomática en organismos multilaterales e impulsando diálogos con múltiples actores

Temas Económicos

Macroeconomía

      • Política monetaria y fiscal: Destaca la importancia de una política monetaria efectiva en Venezuela, enfrentando desafíos como la hiperinflación y la depreciación del bolívar. Se considera la dolarización como una estrategia potencial, aunque implica ciertas limitaciones. Se subraya la necesidad de un Banco Central independiente y políticas coherentes para estabilizar la economía y recuperar el valor de la moneda nacional​​.
      • Inflación y control de precios: Se reconoce la problemática de la inflación y propone políticas monetarias responsables para lograr una reducción significativa de la inflación. Se enfatiza la importancia de un Banco Central independiente para controlar la inflación y la estabilidad de precios​​.
      • Deuda pública y gestión de déficit: Se aborda la reestructuración de la deuda externa de Venezuela, estimada en 165.000 millones de dólares, como un aspecto crucial para el desarrollo económico del país​​.
    • Microeconomía
      • Políticas para pequeñas y medianas empresas: Aborda el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES) como parte de su estrategia económica. Además, se plantea una reforma del sistema tributario, que incluiría medidas de reducción de impuestos para empresas nuevas o en expansión, así como incentivos fiscales para sectores estratégicos y la inversión en investigación y desarrollo. Se propone también establecer fondos de inversión de capital semilla en colaboración con inversores privados y fondos de capital de riesgo para apoyar a startups y empresas de tecnología emergentes​​.
      • Economía informal: Se sugiere la implementación de políticas para fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y pequeñas y medianas empresas, incluso a través del acceso a servicios financieros. Estas acciones incluirían el fortalecimiento de capacidades empresariales y la reforma del sistema tributario para ofrecer incentivos fiscales a empresas emergentes y en expansión​​.
      • Competitividad y regulaciones de mercado: En cuanto a la competitividad y las regulaciones de mercado, el plan destaca la importancia de la apertura económica y la atracción de inversión extranjera directa. Se menciona la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, la agilización de trámites aduaneros y la mejora de la infraestructura de transporte y logística. Además, se enfatiza en la simplificación de los procedimientos para la apertura y operación de empresas extranjeras, inspirándose en el modelo de “Empresa en un día” de México para reducir la burocracia y los tiempos de espera en la creación y registro de nuevas empresas​​.
    • Políticas Fiscales
      • Reformas tributarias: Se sugiere la implementación de políticas fiscales expansivas y sostenibles que estimulen la demanda agregada y fomenten la inversión, como el aumento de la inversión pública en infraestructura productiva, educación, salud y tecnología. Estas reformas incluirían incentivos para atraer inversión privada nacional y extranjera. Además, se propone la reducción de impuestos para empresas nuevas o en expansión y estímulos fiscales para la inversión en sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo y la energía renovable. También se menciona la simplificación del régimen fiscal y el fortalecimiento de la Administración Tributaria​​.
      • Evasión fiscal y transparencia: Se propone implementar un sistema eficiente de administración tributaria con tecnología de información moderna, capacitar al personal tributario en mejores prácticas internacionales en gestión fiscal y establecer acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación fiscal. 
    • Inversiones
      • Fomento de la inversión extranjera: Se menciona que alentar la inversión privada abrirá nuevos mercados y financiará la expansión de servicios y otras actividades productivas, generando así oportunidades de empleo y mejores salarios. La inversión extranjera, en particular, se considera clave para lograr la solvencia económica y un superávit en el corto y mediano plazo, contribuyendo también a reducir la deuda externa al aportar divisas al país.
      • Inversiones en infraestructura: El plan contempla una estrategia detallada para la rehabilitación integral de la infraestructura en Venezuela. Dicha estrategia se enfoca en cuatro áreas principales: electricidad, agua, transporte y vialidad, y salud. Se propone un enfoque de colaboración público-privado para la ejecución del plan, lo que indica la búsqueda de asociaciones entre el gobierno y el sector privado para la rehabilitación y creación de nuevas infraestructuras​​.
    • Comercio:
      • Políticas de importación y exportación: No se menciona explícitamente.
      • Acuerdos comerciales internacionales: No se menciona explícitamente.
    • Desarrollo Industrial:
      • Políticas industriales​​: Implementación de un marco legal sólido y estable para el desarrollo de las relaciones laborales. Incentivos fiscales y financiamiento accesible para la inversión privada. Establecimiento de alianzas público-privadas para la provisión de servicios y ejecución de proyectos de infraestructura.
      • Innovación y tecnología: No se menciona explícitamente.
    • Petróleo:
      • Políticas en energía y petróleo​​: Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para permitir la participación del sector privado en diferentes mecanismos de inversión en la industria petrolera. Atracción de inversiones para reactivar la industria petrolera y aumentar la producción. Diversificación de la inversión y la participación privada en áreas conexas a la industria petrolera.
      • PDVSA: En relación con PDVSA y la industria petrolera venezolana, el documento señala que en los últimos 20 años, esta industria ha sufrido una destrucción significativa debido a la corrupción, la falta de inversión y el mantenimiento deficiente. Un dato clave es que en el año 2002, Venezuela producía 3.2 millones de barriles de petróleo al día (MMBD). Sin embargo, para marzo de 2023, esta cifra había disminuido drásticamente a 695 mil barriles diarios según fuentes secundarias, y 754 mil barriles diarios según el Ministerio de Petróleo​​.
  • Temas sociales:
    • Educación:
      • Reformas educativas: Se propone una transición del Estado Docente al modelo de Sociedad Educadora, donde el Estado compartirá la gestión del sistema educativo con la familia y la sociedad. Esto implica la redefinición de la política de atención a la diversidad funcional, el desarrollo de un sistema de certificación nacional para el trabajo, y la ejecución de planes curriculares de formación para el trabajo integrados en la Educación Media​​.
      • Acceso y calidad de la educación: Las acciones a corto plazo incluyen la resolución de conflictos laborales en el sector educativo, la puesta en marcha de un Programa Nacional para la Emergencia Educativa centrado en habilidades básicas, y la expansión del Programa de Alimentación Escolar. A mediano plazo, se prevé la creación de un Instituto de Gestión de la Calidad Educativa, la evaluación y rediseño de los planes curriculares, y la conformación del Pacto Social por la Educación​​.
    • Salud:
      • Sistemas de salud pública: Se busca consolidar un sistema nacional de salud eficiente y accesible, alternando prestadores mixtos entre el sector privado y un sistema de seguridad social. Las acciones a corto plazo incluyen potenciar programas de salud existentes, como vacunación y control materno-infantil, y reestructurar el sistema nacional de salud en un solo órgano. A mediano plazo, se propone formar y actualizar el recurso humano necesario, y transformar el modelo sanitario hacia la salud preventiva​​.
      • Políticas de salud preventiva: Se propone retomar indicadores de gestión sanitaria y realizar indicadores epidemiológicos. Acciones a corto plazo incluyen la promoción y ejecución de actividades preventivas con campañas educativas dirigidas a toda la población. A mediano plazo, se planea instalar internet y equipos adecuados en centros de salud para crear una historia médica digital y un sistema de información de salud que permita obtener estadísticas en tiempo real​​. 
    • Vivienda y Urbanismo:
      • Acceso a la Vivienda: Iniciar legalización de la tenencia de tierras en asentamientos informales y mejorar la infraestructura básica (agua, saneamiento, electricidad). Desarrollar programas de vivienda social y mejorar la calidad de viviendas y servicios en asentamientos informales​​.
      • Políticas de Urbanismo y Desarrollo: Intervenir en barrios para mejorar infraestructura, apoyar la autoconstrucción y la construcción sostenible. Promover la revitalización de barrios y fortalecer la regulación y supervisión de la calidad de viviendas y servicios​​.
    • Seguridad Social:
      • Pensiones y Jubilaciones: La propuesta incluye la implementación de campañas de concientización sobre la inclusión social, económica y política de todos los grupos sociales, incluyendo los pensionados y jubilados. Se busca reintegrar a estos grupos al mercado laboral y promover su inclusión económica. A mediano plazo, se planea implementar medidas para promover la participación ciudadana activa de personas con discapacidad y asegurar su acceso a estructuras del Estado. 
      • Protección Social para Grupos Vulnerables: Se enfatiza en la necesidad de atención médica gratuita o asequible y la promoción de empleo para personas mayores​
    • Bienestar social:
      • Programas de Lucha Contra la Pobreza: Para combatir la pobreza, se propone implementar el programa “Vale Familia”, fortalecer sistemas de salud y educación pública. A mediano plazo, se enfocarán en programas de microcréditos, fomento al emprendimiento, inclusión laboral de personas con discapacidad, y desarrollo de infraestructuras de transporte y acceso a mercados en comunidades pobres.
      • Igualdad de Género y Derechos Humanos: Las acciones para promover la igualdad de género y derechos humanos incluyen campañas de concientización, facilitar el acceso a programas de asistencia legal gratuita para personas en situaciones de vulnerabilidad, y garantizar el acceso a servicios básicos de calidad en comunidades indígenas. Se pretende también implementar medidas para promover la participación ciudadana activa de personas con discapacidad y crear programas de educación y formación laboral inclusiva.
    • Diáspora:
      • Apoyo a la Diáspora: Para apoyar a la diáspora venezolana, se planea mejorar los servicios consulares, establecer una línea de atención 24/7 para emergencias y consultas, e implementar medidas legales que permitan el voto en el exterior en elecciones nacionales. A mediano plazo, se buscará establecer centros comunitarios y culturales en consulados en ciudades con alta presencia de diáspora y ampliar la red consular en ciudades estratégicas.
      • Programas de Retorno Voluntario: Para facilitar el retorno de venezolanos del exterior, se propone crear un Fondo de Emprendimiento y Desarrollo para financiar proyectos de retorno, ofreciendo asesoramiento técnico y capacitación en gestión empresarial. 
  • Temas políticos:
    • Gobernabilidad:
      • Sistemas de gobierno y administración pública: Se propone también mejorar la eficacia y transparencia institucional, con mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública. Se plantea una revisión exhaustiva del ordenamiento jurídico, incluyendo reformas a leyes que resulten ilegales o inconstitucionales. Además, se sugiere modificar la estructura de la Asamblea Nacional para retomar la estructura bicameral, y eliminar la reelección indefinida. En cuanto a la descentralización, se propone fortalecer las regiones otorgándoles mayor autonomía y recursos, y triplicar la cantidad de municipios en el país para mejorar la administración local.
      • Transparencia y lucha contra la corrupción: Propone el Plan Centauro, basado en tres ejes: justicia, prevención y educación. El plan busca fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción mediante la implementación de sistemas de rendición de cuentas en instituciones públicas, y la creación de una Agencia Anticorrupción Especializada. 
    • Reformas Políticas:
      • Reformas electorales: Destaca la importancia de eliminar la reelección indefinida, permitiendo solo una reelección. Además, se enfatiza la necesidad de fortalecer la integridad del Poder Electoral y las organizaciones políticas, lo que implica revisar y ajustar la estructura y funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).
      • Descentralización y autonomía regional: La estrategia propuesta busca empoderar y fortalecer las regiones del país, otorgándoles mayor autonomía y capacidad de decisión. Este proceso de descentralización se centrará en delegar responsabilidades y recursos significativos a los gobiernos locales y regionales, permitiendo así una toma de decisiones más efectiva y cercana a las necesidades específicas en áreas como educación, salud, infraestructura y desarrollo económico. Se prevé la implementación de mecanismos innovadores para asegurar una distribución fiscal equitativa entre el gobierno central y las entidades subnacionales. Además, se propone triplicar la cantidad de municipios en el país para acercar el gobierno a las comunidades, mejorar la administración de servicios y recursos, y responder de manera más efectiva a las necesidades y demandas locales
    • Participación Ciudadana:
      • Mecanismos de participación y consulta popular: Se promueve el desarrollo de mecanismos de consulta y participación ciudadana, así como la inclusión de grupos vulnerables en espacios de decisión. Además, se busca fortalecer el espacio para la sociedad civil y los medios de comunicación, promoviendo un gobierno abierto y colaborativo.
      • Sociedad civil y medios de comunicación: No se menciona específicamente.
    • Políticas Públicas:
      • Planificación y ejecución de políticas: El plan contempla la mejora en la planificación y ejecución de políticas públicas, con un enfoque en la transparencia, la eficiencia y la inclusión.
      • Evaluación y seguimiento de políticas: Se pretende implementar sistemas de monitoreo y evaluación del desempeño de las políticas públicas para garantizar su efectividad y adaptabilidad.
  • Temas ambientales:
    • Gestión Ambiental:
      • Conservación y manejo de ecosistemas: Se enfoca en la protección de áreas críticas para la conservación, prohibiendo la minería y la deforestación en estas zonas. A mediano plazo, se implementará un programa de reforestación en áreas degradadas y se establecerán corredores ecológicos para conectar áreas protegidas​​.
      • Políticas de residuos y reciclaje: Incluye medidas para la gestión eficiente de residuos y la promoción del reciclaje. Se busca minimizar el impacto ambiental de los desechos y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental.
    • Recursos Naturales:
      • Explotación y conservación de recursos: Enfatiza en un equilibrio entre la utilización y la conservación de los recursos naturales. Busca evitar la sobreexplotación y promover prácticas sostenibles que aseguren la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
      • Energías renovables y alternativas: Se centra en el desarrollo y fomento de fuentes de energía limpia y renovable. Esto incluye incentivos para la investigación, desarrollo y adopción de tecnologías alternativas.
    • Cambio Climático:
      • Adaptación y mitigación del cambio climático: Dirigido a fortalecer la resiliencia de las comunidades y ecosistemas frente a los efectos del cambio climático, así como a implementar estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
    • Sostenibilidad:
      • Desarrollo sostenible: Enfoca en promover un desarrollo que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 

Plan-2024-Final.pdf

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